Acechan al objetor getxotarra

Ignacio Robles. Foto:Egizki.org.

Es bien conocido que los políticos son expertos en hacer posible lo imposible. Como por ejemplo sentirse “sensibilizados” por la acción del bombero que se negó a participar en el envío de armas en el puerto de Bilbao a Arabia Saudí, y al mismo tiempo condenarle porque no cumplió la orden que se le daba. Su justificación es que estaba allí para que las bombas con las que trafica el Puerto de Bilbao no explotasen y que su negativa retrasó en 15 minutos su envío. Estamos ante la dialéctica de la acción ética frente a la orden autoritaria, de la que los políticos obviamente se desligan, y así le va a la política en este país: política sin acción ética; políticos sin moral. Por otro lado, hay una cuestión de fondo muy importante: si es necesaria la presencia de bomberos ante el peligro del embarque de bombas en el Puerto, basta con que no se proceda al peligroso envío de bombas para que la seguridad del propio Puerto que la exporta y la población adyacente no se vean afectadas. Echar la culpa al bombero objetor del peligro del traslado de nada menos que 5.000 toneladas de explosivos, es como sostener que la culpa de la corrupción está en quien habla de ella. Y la responsabilidad de que tal peligro exista es política, y, como siempre, de los negocios que corrompen con muy poco, ciertamente, a la administración en este caso vasca. 

Sostiene la responsable de relaciones institucionales de la Diputación vizcaína en El Correo (9/5/17) que el expediente abierto al bombero Ignacio Robles va por la vía administrativa, no habiendo “responsabilidad política en ello”. Macabra ironía, hipérbole de la incompetencia, metáfora de la cobardía política. 

La diputación foral ha quedado retratada, incompetencia y malversación de muertes descubiertos aparte. También el Puerto de Bilbao cuyo presidente  es un cargo político y en cuyo consejo y junta está representada la diputación. Pero la diputación prosigue empecinadamente  en no darse por enterada. Y prosigue el acecho al objetor. 

Le vamos a poner un ejemplo a la ínclita responsable que dice que el expediente no tiene motivación política alguna. Supongamos que las 5.000 toneladas irían destinadas a ETA. ¿Aceptaría algún cargo político de la diputación abrir un expediente a quien se negara a colaborar en la custodia del armamento antes de su envío para su posterior uso? Sería un escándalo. Pues bien, la ínclita responsable pretender ignorar que el Parlamento europeo ha resuelto que el envío de armas a Arabia Saudí es aún más grave que enviarlas a una diputación, aparte del responsable del expediente al bombero, Las Naciones Unidas también se han manifestado previamente en el mismo sentido. Otra cosa es que en Bilbao no haya ni acato ni ley, sino la que arbitrariamente emplean los próceres que condenan los terrorismos ajenos, olvidando los que ayudan a la floreciente industria armamentística  vasca y española. El expediente a Ignacio Robles está cubierto de sangre. ¿Nos imaginamos a la diputación abriendo expedientes de asilo para los mutilados en Yemen por alguna de los 5.000 toneladas de  bombas que salieron de Bilbao? Al tiempo. La hipocresía onerosa es así. 

Pero aún más. Podemos comprobar lo que la seguridad de los vizcaínos le importa a la diputación foral, al gobierno vasco y al parecer a diversos ayuntamientos. Solo tenemos que preguntar a estas instituciones en qué condiciones y por dónde llegó al puerto de Bilbao esa suculenta suma de 5.000 toneladas de explosivos y bombas.

Lo que se está jugando en este obsceno linchamiento de un Goliat administrativo contra un David ciudadano y trabajador sobrepasa la obscenidad habitual de políticos y enclaustrados cargos a dedo. Es un ataque a quienes componemos la sociedad, una laceración a los principios éticos y morales sobre los que debe sustentarse una sociedad. Principios recogidos por la carta de la Convención europea, entre los que reconoce el derecho de cualquier persona a la objeción de conciencia. La violación de este derecho a cualquier persona residente en un estado miembro que haya aceptado dicha convención, es un delito de lesa majestad. 

Nos preguntamos si las Instituciones Vascas, y su clase política dirigente, son facilitadores del terrorismo. Porque claro, permitir, amparar y proteger el suministro de bombas para actos terroristas, en contra de Resoluciones de la ONU y de nuestra propia Comunidad Europea ¿Cómo podría denominarse si no?

La diputación, el puerto de Bilbao y alguna camarilla de políticos multicolores amparan obscenamente la violación del derecho de Ignacio Robles que reconoce la convención europea y ampara varias resoluciones europea y la de la ONU. Eso es lo que se dilucida y nos tememos que habremos de hacer llegar a la corte  de derechos humanos, para que, una vez más, a una institución de nuestro país se le saquen sus colores por violar o desamparar los derechos humanos. Llegaremos donde haga falta llegar.